«Cuando hay transparencia, se fortalece la confianza pública; se reduce el espacio para la discrecionalidad y la arbitrariedad; se refuerza el respeto a las instituciones y se afianza la cultura democrática. Cuando hay transparencia, el Estado se acerca a los ciudadanos», dijo Michelle Bachelet, en 2009, entonces presidenta de la República de Chile, el día que se promulgó la Ley de Transparencia de Función Pública en dicho país.
La ecuación es muy sencilla, incluso para las mentes más obtusas. Si el Gobierno favoreciese mediante instrumentos públicos la conectividad aérea y marítima, se incrementaría el número de rutas y frecuencias y, por tanto, la cifra de pasajeros. Habría un punto de inflexión en la evolución del mercado turístico y permitiría que los residentes se desplazasen sin tener que abonar tarifas desorbitadas. El aumento del flujo de viajeros y el incentivo del tráfico de mercancías se traduciría en más ingresos para las arcas del Estado y menos sacrificios para los ciudadanos.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama al Ministerio de Fomento que descarte la aplicación de una tarifa máxima bonificable y que explore, junto a los Gobiernos de Canarias y Baleares, otras alternativas de intervención pública que sirvan para mejorar el funcionamiento del mercado aéreo entre las Islas y la Península.
Poco a poco se va plasmando sobre el papel lo que todos intuíamos que se iba a producir. Los eufemismos que hasta ahora había utilizado el Ministerio de Fomento y las cláusulas poco definidas introducidas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 han dado paso a un hecho que pondrá fin a la bonificación del 50 por ciento del billete aéreo a los residentes en Canarias, Baleares, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
El Gobierno del Estado ha decidido dar alas a los trenes de alta velocidad y ahogar con una nueva subida impositiva la pesada carga que ya soporta la maltrecha aviación comercial de nuestro país. Viajar en avión es, a excepción de contadas compañías de bajo coste, un lujo inaccesible para quienes, hasta hace muy poco, eran pasajeros frecuentes y una odisea para ciudadanos, como los canarios, que no tenemos otra opción como medio de transporte.
«No hay otra alternativa. El año que viene (2013) tenemos que refinanciar 230.000 millones de euros». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cumplido su primer aniversario en la Moncloa con dos únicos objetivos: reducir el déficit y cumplir con el pago de la deuda. En ambos casos, no existen alternativas, no hay plan B. Y la pregunta que se plantea la ciudadanía es quién refinanciará las vidas rotas que dejan en el camino los fuertes ajustes que aplica el Gobierno y los efectos inmediatos que los mismos producen en la economía real.
Un año después de su toma de posesión como presidente del Gobierno, todas las promesas que Mariano Rajoy asumió con Canarias en el debate de investidura se han difuminado o han sido amputadas por los tijeretazos indiscriminados que han aplicado todos los Ministerios. Esta semana pedí a Rajoy que justificase el incumplimiento de sus compromisos, pero lejos de reconocer que había fallado a la sociedad canaria optó por ocultar parte de la realidad y maquillar las supuestas medidas que su Ejecutivo está adoptando para mitigar los efectos de la crisis en el territorio más castigado por la recesión económica.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, reprochó hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no haya cumplido ni una sola de las promesas que asumió con Canarias en el debate de investidura celebrado hace un año.
La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) galardonó anoche a Ana Oramas y Narvay Quintero en el acto de entrega de premios que otorgan anualmente los periodistas que cubren la información parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el Senado.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, preguntará el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si considera que ha cumplido los compromisos asumidos con Canarias en el debate de investidura.
