Si la semana pasada advertíamos desde Coalición Canaria que no se podía seguir jugando políticamente a la ruleta rusa  con las pensiones de los mayores y con el conjunto del Estado del bienestar, ahora toca llamar a la responsabilidad sobre la  reforma laboralHa costado mucho llegar al casi unánime convencimiento de que la reforma laboral  es muy necesaria en el país con más alto paro de toda Europa, que casi duplica a la media de la UE. Durante los años de bonanza no se tomaron las medidas necesarias. Y cuando comenzaron las dificultades el Gobierno adoptó un poco la política del avestruz, metió la cabeza bajo el ala, y emplazó a los agentes sociales a que llegaran a un acuerdo. Les dijo: “legislen”. No lo lograron. Rodríguez Zapatero se quitó un muerto de encima a costa de un retraso de dos años en la adopción de medidas.  Pero los agentes sociales no han sabido tampoco estar a la altura de las circunstancias graves  que vivimos, como lo hicieron por ejemplo hace 32 años.

Pero ellos no tienen la obligación de crear las normas y las leyes y -para  comodidad  del Ejecutivo – asumieron un reto que les sobrepasó en esta concreta circunstancia histórica.

Si exceptuamos los Pactos de la Moncloa, durante toda la Transición los acuerdos  patronal-sindicatos  fueron más fáciles, por una sencilla razón. De lo que se trataba las más de las veces era de repartir el crecimiento. Podía ser más o menos, pero siempre era a mejor el reparto. Ahora se ha intentado todo lo contrario: repartir los costes, los recortes, los sacrificios. Y se han estrellado.

El buenismo inconsciente del Gobierno, la confianza ilimitada  en que otros (la coyuntura, los vientos favorables, los acuerdos de los agentes sociales, el repunte internacional)  acabarían por impulsar a España  se ha dado de bruces con la realidad.  Nadie quiere ser el patito feo si puede evitarlo. Y ni sindicatos ni patronal han querido quedar mal ante sus bases.

El Gobierno se ve obligado a adoptar medidas con dos años de retraso por su obcecada confianza en que otros iban a hacer su tarea. Y no ha sido así. Ahora todos los problemas se acumulan y es más complicado resolverlos uno por uno. Pero estamos obligados a ello. Y Coalición Canaria aportará su grano de arena (que en estos tiempos pesa más) y ayudará a que salga adelante la reforma en el Congreso si contribuye realmente al propósito  en que todo el mundo está de acuerdo: mejorar la productividad y competitividad de la economía española, única forma de que las exportaciones o los servicios turísticos no pierdan posiciones.

Para ello no es lo más relevante la regulación  que se haga del despido como de la forma de trabajar. Las condiciones del despido no han privado a las empresas de poder expulsar al paro a más de un millón de trabajadores.

Pero en la izquierda más consciente se admite que el sistema actual ha contribuido a dualizar malamente el mercado de trabajo, a costa de las generaciones más jóvenes, obligadas a una espiral de contratos temporales basura, que ni les permite construir un proyecto de vida estable ni contribuye a que las empresas tengan plantilla formadas y eficientes.

Más importante que las nuevas condiciones del despido será atribuir a los centros de trabajo la flexibilidad funcional suficiente para que sean competitivos, a cambio de que los trabajadores vinculen más sus salarios a la productividad y a los resultados. Porque si cuando van mal las cosas son los primeros en ir a las colas del paro, cuando contribuyen a que vayan mejor han de obtener el adecuado  incentivo.

La reforma laboral no va a ser por sí misma un remedio rápido y eficaz. Pero unido a otros ha de permitir a España situarse de nuevo en la media europea de la competitividad.

Saldremos de esta  si estimulamos el buen trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que  requieren los momentos duros. Si se sigue en la actitud de “a verlas venir”, sin molestar a los que no están dispuestos a renunciar a nada porque se hallan bien situados en la tabla del bienestar, seguiremos así, o peor, durante mucho tiempo.