Mientras la prima de riesgo se disparaba hasta cifras históricas y se multiplicaba la sensación de angustia por la fuerte presión de los mercados, en el Congreso de los Diputados se aprobaban esta semana, gracias a la implacable mayoría absoluta del Partido Popular, los ajustes presupuestarios en materia educativa y sanitaria. Unos recortes que fueron avalados en solitario por el PP, que buscó infructuosamente hasta el último momento el apoyo de otros partidos.
Ni la escenificación de la soledad del Gobierno ni la asfixiante incertidumbre que existe sobre el futuro del euro y de la propia economía española sirvió para que el presidente, Mariano Rajoy, que comparecía en la Cámara Baja tras un mes de ausencia, aceptase el ofrecimiento que le planteamos diferentes fuerzas políticas para abrir la vía del diálogo con los portavoces parlamentarios.
El Gobierno ha decidido seguir adelante con su incesante política de recortes y eludir los argumentos que, desde la oposición, nos empeñamos en trasladar al Ejecutivo para evitar que la economía se siga despeñando al vacío y la tasa de paro siga avanzando sin que exista un atisbo de esperanza.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, advertía esta semana que “el dolor que sufre Europa, especialmente el de sus pobres y jóvenes, es innecesario. Afortunadamente, existe una alternativa. Pero las demoras para aprovecharla serán muy costosas y Europa se está quedando sin tiempo”.
Esta semana, en el pleno celebrado en el Congreso, el PP cerró las puertas a una iniciativa del PNV, apoyada por CC-NC, para tratar de ahorrar el sufrimiento al que aludía Stiglitz y no alargar más la ausencia de incentivos en el mercado laboral. Me refiero a la inexplicable decisión del Ejecutivo de recortar 1.500 millones de euros en las políticas activas de empleo.
El menú por el que ha optado el Ejecutivo, basado en la suma de ajustes, ha dejado raquítico el programa de apoyo al empleo. Dice el Gobierno que, pese al tijeretazo, hará más con menos. Una ecuación difícil de encajar en un plan que, aunque sí es cierto que precisa de un replanteamiento para ser más eficaz, es imprescindible si queremos contener la sangría del desempleo.
No se puede recortar 1.500 millones de euros y asegurar que se hará más, pero sin decir ni cómo ni cuándo.
Un recorte que, además, el Gobierno ha introducido de manera equitativa en todas las Comunidades Autónomas, sin valorar la situación de cada una de ellas y sus perspectivas de crecimiento.
El recorte lineal del 56,9 por ciento supone una grave discriminación para las Comunidades Autónomas más castigadas por el desempleo, como es el caso de Canarias. Es inadmisible que se aplique la misma reducción a comunidades que tienen una tasa de paro del 16 por ciento que al Archipiélago, donde supera el 32 por ciento
El tijeretazo de 170 millones de euros a los fondos para Canarias dejan muy poco margen de actuación para atender a la población desempleada. Canarias contará este año con unos 150 millones de euros frente a los 320 que el Estado transfirió en 2011. Y, por tanto, habrá más desigualdad y se agrandará aún más la brecha socioeconómica que existe entre el Archipiélago y la Península.
Supone, además, un mazazo para los colectivos particularmente vulnerables como los jóvenes, los desempleados de larga duración, los parados que trabajaron en la construcción, los carentes de cualificación profesional, los discapacitados, los desempleados mayores de 45 años y las mujeres.
Las políticas activas de empleo impulsadas por el Gobierno han sido siempre una vía de salida para aquellos con más dificultades para ingresar en el mercado laboral. Vía que el Gobierno ha acortado notablemente y que se traducirá en menos empleo, más pesimismo, más pobreza y menos oportunidades.
“El hada de la confianza no existe”, como dice Paul Krugman. “Y los recortes en el gasto en una economía deprimida no hacen más que agravar la depresión”.