Es probable que muchos de ustedes recuerden las visitas y compromisos de los candidatos del Partido Popular a las familias que residían o aún permanecen en núcleos costeros tradicionales construidos antes de 1988 y cuyo futuro se encuentra en manos de los Tribunales Justicia. Promesa que, como tantas otras, han incumplido esta semana en el Congreso, en donde los mismos que aseguraron en campaña que velarían por sus intereses han levantado la mano a favor de una reforma de la Ley de Costas que contiene todo lo contrario de lo que se comprometieron a hacer en la campaña electoral.

El proyecto de ley seguirá su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, pero no existe ni la más remota posibilidad de que el Partido Popular enmiende una iniciativa parcial y sesgada, que no afronta el verdadero problema que existe en el litoral y que, además, no responde al objetivo fijado por el Ministerio de Agricultura: su sostenibilidad.

Los que antes eran candidatos y ahora cohabitan en las filas de un partido que ha dado la espalda a Canarias han sido cómplices, con su apoyo, a una injusticia que cercena las escasas esperanzas de quienes viven con la angustia que supone residir en una casa cuyos días están contados.

El parche que el Gobierno del Estado ha remitido a las Cortes sirve únicamente para extender a 75 años las concesiones tanto nuevas como vigentes, sin analizar el objetivo ni las consecuencias económicas, y amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, además de establecer un deslinde excepcional para la isla de Formentera, en Baleares, por su especial configuración geológica.

Esta reforma pone de manifiesto el desconocimiento del Gobierno del problema que sufren muchos núcleos costeros del litoral, entre ellos los que existen en Canarias, para los que no aporta ninguna solución tanto en relación con su afección al deslinde marítimo terrestre como a la servidumbre.

Obvia las singularidades de Canarias, la Comunidad Autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en las Islas no encajen en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta a la nuestra.

Omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la ley de Costas de 1988, cuya realidad social y económica nunca ha sido adecuadamente considerada y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural. Valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora desestima.

Tampoco resuelve los problemas competenciales, más bien los recorta o agrava,  tanto los que corresponden a las administraciones locales como a la Comunidad Autónoma.

Esperábamos de esta nueva norma que, al menos, reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Estado se sigue reservando en esta reforma las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local.

En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, esta reforma las complica o condiciona en las zonas de servidumbre, estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni la delimitación en zona de servidumbre.

Nos enfrentamos a una reforma que no aporta nada a Canarias y en la que el Gobierno legisla sin entender ni querer ver una realidad que afecta a la Comunidad Autónoma más vinculada a su litoral.