Resulta descorazonador comprobar cada viernes cómo después de cada Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno trata de convencernos de que las políticas de recortes que aprueba el Ejecutivo sirven para sembrar el futuro que aflorará una vez que remita la crisis. Políticas que, lejos de ser el germen que genere esperanza, son el embrión que cercenará aún más las posibilidades de las nuevas generaciones. Políticas que, al contrario de lo que nos aseguran, comprometen seriamente el bienestar del presente y las opciones de futuro.

Las cifras que no escuchamos en boca de los miembros del Gobierno, sí aparecen en informes que van brotando a cuenta gotas y que ratifican que la dirección que ha emprendido este país no es, desgraciadamente, la más acertada.  Los números adquieren más dramatismo cuando los afectados son aquellos que conforman los pilares más sensibles de nuestra estructura social. La última que hemos conocido esta semana indica que Canarias encabeza la tasa de paro juvenil con un 70% de sus jóvenes en situación de desempleo, según un informe de la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado mes de marzo en un acto inaudito en esta legislatura junto a los sindicatos UGT y CCOO un plan de quince medidas de choque para frenar el paro juvenil, dentro de su una estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para la que destinará 3.485 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los que un 32% procederán de los fondos de la Unión Europea. El Ejecutivo espera que más de un millón de jóvenes menores de 30 años se beneficien de estas medidas, así como de otras 85 previstas a medio plazo para dar respuesta a aquellos factores de carácter estructural con incidencia sobre el empleo joven.

Gran parte de la estrategia es difusa. El Real Decreto que contiene la misma fue convalidado por el Congreso y ahora inicia su recorrido como proyecto de ley en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso. Trámite que aprovecharemos para exigir al Gobierno del Estado que, en el marco  de dicha estrategia, abra una vía específica para aquellos territorios más castigados por el desempleo, entre ellos Canarias.

El paro juvenil adquiere en las Islas una dimensión muy superior a la que existe en el resto del territorio del Estado. Y Canarias planteará a Madrid la misma demanda que expone España al resto de la Unión Europea: que trate de manera diferente a quien más sufre los efectos de la crisis.

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado mes de marzo, a través de una resolución en del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, promover un plan urgente para el fomento del empleo joven, incidiendo en medidas que faciliten el acceso de los jóvenes a un primer empleo, la formación y el aprendizaje profesional y el fomento de vías alternativas para la inserción laboral de los jóvenes, como el autoempleo y la puesta en marcha de proyectos empresariales liderados por jóvenes.

Un plan que, dada su extrema gravedad, no admite fisuras políticas. El tiempo avanza en contra de quienes, día tras día, ven cómo se alejan de un mercado sin capacidad para absorber nueva mano de obra y que me niego a englobar en lo que muchos denominan como la “generación perdida”. Ellos nos exigen soluciones y nosotros, lejos de caer en el derrotismo, estamos obligados a ofrecer respuestas que les permita creer en el futuro.