El Gobierno no nos ha dejado otra opción. Las cuentas de los Presupuestos del Estado de 2012 no nos cuadran y los nacionalistas canarios nos hemos visto obligados a presentar una enmienda a la totalidad. No hemos sido los únicos. Diez grupos exigiremos el próximo martes en el Congreso de los Diputados que el Gobierno del Partido Popular retire el proyecto de ley y presente nuevas cuentas en las que, además de nuevos sacrificios, articule las herramientas que son necesarias para la creación de empleo y la dinamización de una economía que agoniza ante la ausencia de incentivos.

Coalición Canaria y Nueva Canarias compartimos el objetivo planteado por el Gobierno de corregir el déficit pero, sin embargo, consideramos que este reto es irrealizable en el horizonte temporal que se plantea y, además, no cumple con el propósito de paliar el principal problema de España, que es el desempleo. Para su corrección es necesaria la adopción de medidas que permitan incrementar la competitividad y alcanzar la senda de crecimiento económico.

Los fuertes ajustes sólo están contribuyendo a una parálisis insostenible de la economía y bloqueando un crecimiento que, en el caso de Canarias, ahoga aún más al 31% de la población activa que carece de empleo y que, con estas cuentas, ven cómo se reducen sus posibilidades de ingresar en el mercado laboral.

En estos Presupuestos, lejos de inyectar el oxigeno que necesita la economía canaria, se aplica un tijeretazo sin precedentes que debilitará a todos los sectores y hará que se desvanezcan las esperanzas que habían comenzado a palparse gracias a los extraordinarios resultados obtenidos en 2011 por el turismo. De ahí la necesidad –y así lo exponemos en nuestra enmienda- de que el Gobierno articule una política fiscal orientada a reforzar la eficiencia, la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía canaria.

Lo cierto es que el proyecto presentado supone un claro freno a las necesidades de desarrollo del archipiélago, incumpliéndose nuevamente los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal, que establecen que la inversión en las Islas debe situarse en la media de todas las Comunidades. Se eliminan 1.557 millones de euros en la partida para políticas activas de empleo y se castiga a Canarias,  a la que se discrimina con respecto a otras Comunidades, al no cumplirse derechos que le otorga su régimen económico fiscal ni los compromisos suscritos con la Administración del Estado mediante convenios.

Mientras que en los presupuestos generales se practica una reducción de las operaciones de capital del 36,1%, Canarias sufre un ajuste del 45,7%, es decir 9’6 puntos más. Esta reducción afecta, entre otras, a las inversiones en carreteras, aguas, etcétera,  lo que impedirá que se culminen los  proyectos que en la actualidad están en ejecución y sobre los que, para agravar aún más la situación, ya recaen obligaciones jurídico-económicas contraídas con las empresas ejecutoras de los mismos. Hasta 4.800 trabajadores directos e indirectos se verán afectados por esta sangrante reducción de las partidas.

El recorte ha sido tajante. Los principales convenios de infraestructuras han mermado de la siguiente manera: el de carreteras pasa de 200 millones a 69; el de obras hidráulicas de 60 a 16 millones; el convenio de infraestructuras turísticas pasa de 50 millones a cero, la misma reducción que pone fin al de infraestructuras educativas.

Más datos: la inversión media regionalizada per cápita del Estado en el ejercicio 2012 asciende a 273 euros, mientras que en Canarias es de 181 euros. Además de que nuestra Comunidad no alcanza la media estatal, el diferencial de inversión per cápita de Canarias se incrementa en tres puntos y medio respecto al ejercicio anterior, lo que discrimina aún más a nuestro territorio.

A ello se suma la supresión de la partida para rehabilitar los espacios turísticos y el aumento de las tasas aéreas, que cercenan  el desarrollo del sector turístico, el único capaz de arrastrar al resto de la economía canaria a la senda de un crecimiento que con estos Presupuestos vemos aún más lejos.

La drástica disminución de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 nos pone en una situación límite; una situación motivada por unos recortes injustos y asfixiantes que castigan severamente a los ciudadanos canarios. Disminuyen nuestra capacidad financiera, ponen en serio peligro los servicios públicos esenciales, mutilan la inversión, destruyen empleo y frenan la reactivación económica.

Con ello, el Estado ha dado un severo golpe a dos pilares fundamentales: el sostenimiento de los servicios básicos y la necesaria creación de empleo; dos prioridades que ahora quedan en manos de unos presupuestos que dejan en una situación muy preocupante los que, hasta hoy, eran dos prioridades irrenunciables.

Canarias se enfrenta a un recorte que se ha cifrado, por el momento, en 800 millones de euros. Se trata de un descenso que supone un estrangulamiento a una comunidad a la que el Gobierno del Estado deja a la deriva y con un margen casi inexistente de salir de esta crisis.

La situación en la que nos ha dejado el Gobierno de España no es posible ni sostenible. Y obligará al Gobierno de Canarias a tomar medidas de gran calado en el ámbito de los ingresos y en el de los gastos con el fin de seguir sosteniendo la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Con estos Presupuestos nos queda la sensación, como dice el columnista Manuel Martín Ferrand, que “en sus largos años de oposición, el PP no parece haber hecho los deberes. Ha estado poco atento a la realidad y se sorprende ahora cuando se acerca a ella”. Nosotros creemos que se sorprende y que se equivoca en el diagnóstico de una realidad a la que inyectará mucho más pesimismo el día que entré en vigor este presupuesto.

 

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