Vivimos momentos especialmente difíciles. Y no sólo porque aumente mucho el paro, como ha ocurrido en otras épocas, cuando el mercado de trabajo no podía integrar a los nuevos demandantes. Lo que ocurre ahora es que también se está desplomando el empleo, se están destruyendo puestos de trabajo ya existentes como nunca se había hecho en un solo año.  De los tres millones de desempleados (un millón más que hace un año), unos 900.000 no cobran la prestación por desempleo. Y además, esta semana el ministro Solbes ha reconocido un déficit superior al 3 por ciento. Estamos, en fin, superando records históricos, todos negativos.

Todo esto sería suficiente para que el presidente del Gobierno hubiera anunciado su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento. Pero como no ha sido así, algunos grupos parlamentarios la solicitamos y se debatió este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso.

Nosotros pedimos que el presidente, de forma inmediata, acudiera al Congreso para que explicara la situación real de la economía y las actuaciones previstas para atajar el grave incremento del desempleo. Pero Zapatero parece más interesado en dirigirse a los españoles a través de Internet o de que los datos económicos no interfieran en las campañas electorales vasca y gallega, que de confrontar sus ideas con los representantes de los ciudadanos. Al final, el Grupo Socialista consiguió que la comparecencia se retrasara hasta la segunda semana de febrero.

La petición de comparecencia urgente en un Pleno específico sobre la evolución del desempleo en España está claramente justificada porque nos encontramos en el aspecto de la crisis que más afecta a la mayoría de los ciudadanos. Hasta ahora se ha hablado de la crisis en el Parlamento en numerosas ocasiones, pero en términos macroeconómicos. Y sobre todo, en términos financieros.

Sin embargo, en apenas unos meses, se ha pasado de tener el mejor sistema bancario del mundo a un sistema financiero en peligro de colapso, como se ha reconocido en estos días  desde La Moncloa. No había crisis en el horizonte y, pasado el verano, nos enfrentamos a la mayor crisis globalizada conocida hasta ahora. El hecho de que sea mundial no puede convertirse en una gran ala de avestruz bajo la que se oculte el Gobierno. Aunque a veces, así lo parece.        En España existen hechos diferenciales respecto a los demás países que debieron haber llevado a la reflexión y, sobre todo, a la acción hace tiempo. Sin duda, el más importante es el extraordinario diferencial de paro de España con el resto de la Unión Europea. España acabó el año 2008 con un índice de paro doble a la media europea (un 13,4% frente al 7,8%). Y eso constituye nuestra principal debilidad para remontar la crisis.

Lo peor no son los 3,1 millones de parados. Hasta ahora, cuando se generaba el paro era porque no se creaban empleos para los nuevos trabajadores. Por primera vez en décadas, se han destruido puestos de trabajo (841.000 en apenas un año). Y esa destrucción de tejido laboral es lo que lastra más al músculo productivo que debe sacarnos de la crisis. Esa destrucción es la que alimenta la desconfianza más que ninguna otra cosa, la que causa la angustia de miles y miles de familias y la que detrae recursos en subsidios que no pueden utilizarse en la inversión productiva.

Y si mala es la situación de España frente a Europa, el diferencial de paro de algunas regiones respecto a la media española acrecienta la responsabilidad del Estado  a la hora de ser el garante del equilibrio y la solidaridad interterritorial. Ahí está Canarias, un ejemplo que vale también para Andalucía y en general para todo el Sur. Si en Europa resulta escandaloso un 13% de paro, ¿cómo calificar el 19,4% que se ha registrado en Canarias a fin de año?

A pesar de esa radical disparidad, el Gobierno se negó a nuestra petición  de ponderar el paro regional a la hora de aplicar ese Plan de Inversión Municipal tendente a la generación de empleo, sobre todo en el sector de la construcción, el más castigado por la recesión en Canarias. A la hora de atender la estimulación del empleo con el Plan de Inversión Municipal de 8.000 millones de euros  no han tenido en cuenta los diferenciales de paro. Han tratado igual a los desiguales y eso concuerda muy poco con  las proclamas del Gobierno y del Partido Socialista en favor de la igualdad.

La larga experiencia europea de modulación de las inversiones en función a los niveles de renta (que se corresponden en muchas ocasiones con los de paro) está siendo abandonada hoy cuando se trata de aplicarla dentro de España. Que sea un Gobierno socialista el que lo haga causa más que asombro. No podía esperarse que los que hacen bandera del principio de igualdad no tengan en cuenta  dónde se encuentran las principales bolsas de desempleo del país a la hora de planificar la reactivación económica.

Por eso es tan necesario analizar en profundidad, en un Pleno monográfico, la batería de medidas necesarias para impulsar el empleo con medidas adecuadas a cada realidad. Pero parece que el Gobierno cree que esto, el análisis del problema que más preocupa a los ciudadanos, puede esperar.

Ya adelanto que, más tarde o más temprano, el Gobierno se verá obligado a aprobar nuevos paquetes de inversión pública. La experiencia de otros gobiernos menos necesitados de relanzar el empleo nos demuestra que la depresión inversora no se corregirá a tiempo sin un mayor impulso público. Esa mano invisible del mercado se ha quedado alelada, incapaz. Es la mano visible del Estado la llamada a despertar a todas las manos en estos momentos críticos.

La cuestión está en cómo se planifica para que las nuevas e inevitables inversiones sean eficaces para la reactivación de la actividad productiva. Elegir y priorizar bien los proyectos nunca han sido tan necesarios. Lo mismo que despertar e incentivar a los emprendedores que todavía no han dado el paso y que serán claves en el futuro.

Siendo objetivos, no pueden dejar de señalarse los dos elementos que han suavizado la crisis y alimentan una cierta esperanza: la caída de la inflación desde agosto pasado, debido especialmente a la corrección de los precios del petróleo, y el descenso del euribor desde octubre. Ambos han suavizado la pérdida de poder adquisitivo de familias y empresas.

No obstante, el impacto de la favorable evolución de esos dos índices en la inversión y el consumo es menor del esperado debido al mantenimiento de las restricciones de crédito por las entidades financieras, a pesar de los planes y medidas del Gobierno.

Mal pueden invertir los que aspiran a crear empleos (a veces el suyo propio) si no encuentra la forma  de cambiar este estado de cosas. Esa financiación puede estar empleándose simplemente para amortizar endeudamientos anteriores de la banca más caros. Es preciso articular medidas para que llegue pronto a las personas.

Y esperamos que todo ese conjunto de acciones sean explicadas en el Pleno del Congreso. Aunque sea dentro de un mes.