El lunes 2 de junio, hace sólo dos semanas, las declaraciones de un alto cargo empresarial español reabrió un asunto que se mantenía aparcado, pero no olvidado. El presidente de Repsol, Antoni Brufau, declaraba al periódico “El Mundo” su intención de dirigirse al Gobierno para que le autorizara la búsqueda de petróleo en Canarias. Al día siguiente, portavoces de la compañía precisaban que no es necesario hacer una nueva petición al Estado porque ésta ya está hecha. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaraba que no tenía constancia de nada.

Era tal el ruido y las especulaciones que se habían desatado de pronto, que consideramos necesario que fuera el propio presidente del Gobierno el que se pronunciase de forma solemne sobre este asunto que ya estaba de nuevo en la calle. Queríamos saber, y así le preguntamos en el pleno del Congreso, si se había producido algún cambio en la posición del Gobierno sobre la autorización que Repsol volvía a reclamar.

Queríamos también oír de su propia voz si mantenía lo que él había afirmado en agosto de 2006, en una de sus estancias vacacionales en Lanzarote, que sólo concedería la autorización si se producía un consenso social y político, 

El asunto de la posible búsqueda de petróleo en las aguas canarias más cercanas a Lanzarote y Fuerteventura es un tema aún no cerrado desde que en diciembre de 2001 el Gobierno de España, entonces presidido por José María Aznar, concedió a la empresa Repsol los derechos de prospecciones petrolíferas en esa zona.

Fue, por cierto, una decisión que Marruecos acogió con dureza, hasta el punto de calificarla como una medida “enemistosa e inaceptable”. Porque ese, el vecino marroquí, es otro elemento que juega un papel no precisamente secundario en esta historia.

El permiso concedido hace siete años por el Gobierno quedó anulado desde que en febrero de 2004 el Tribunal Supremo decretase su interrupción al considerar que la recogida de datos sísmicos presentaba, tal como estaba planteado en el proyecto inicial, riesgos medioambientales.

Siguiendo con el recorrido cronológico, un año después el entonces ministro de Industria y hoy presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, envió al Gobierno de Canarias, entonces presidido por Adán Martín, la primera y única información oficial sobre este tema, a pesar de que se había solicitado desde 2001.

El Gobierno canario hizo llegar al Ejecutivo estatal su preocupación y la de la sociedad canaria por las repercusiones medioambientales, en el turismo y en la economía que tendrían las prospecciones petrolíferas.

Los sondeos se realizarían en una zona cercana a Lanzarote y Fuerteventura, de modo que el efecto de las corrientes podría dañar sus espacios naturales protegidos. Nuestras islas más orientales tienen también especies animales y vegetales protegidos y son Reserva de la Biosfera, por lo que es necesario siempre garantizar las fórmulas de protección medioambientales.

Pero es que además, las Islas son uno de los principales destinos turísticos internacionales, y tampoco se han realizado estudios que analicen el alcance del posible impacto sobre su imagen.

No hay constancia de la existencia de planes de contingencia ante la posibilidad de que se produzcan vertidos contaminantes a raíz de los sondeos, ni otras medidas técnicas como los planes y los equipos de emergencia disponibles durante las prospecciones, o planes de gestión de residuos sólidos y líquidos, localización exacta de los sondeos, tipos de barcos a emplear, sistemas de perforación, etc.

Rodríguez Zapatero afirmó el miércoles en el Congreso, en una breve respuesta, que no había ninguna novedad y reiteró que para que la haya tendrá que producirse el máximo consenso político y social. Y dijo sólo otra cosa más: las competencias y la soberanía en el ejercicio de las aguas jurisdiccionales  las tiene y las ejerce el Gobierno estatal.

Para Coalición Canaria, en cambio, las aguas territoriales no deben ser sólo de exclusiva competencia del Estado, y así se establecía en el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que el PSOE frenó en su tramitación en las Cortes. De haberse aprobado éste, Canarias tendría mucho que decir en temas como las prospecciones petrolíferas.

En cualquier caso, nosotros reclamamos, y así lo expresamos al presidente en el Congreso, que la reactivación de cualquier proyecto debe ser acompañado de los informes medioambientales y de riesgos, y los estudios de impacto sobre el turismo que pidió el Gobierno de Canarias.

Y debemos saber qué beneficios obtendríamos los canarios, porque los peligros y los riesgos sí los conocemos, pero las ventajas no.

 

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