Después de muchos años de batalla, por fin se abre una rendija (tímida, pero apertura al fin y al cabo) a la participación real de Canarias en el funcionamiento de los ocho aeropuertos que constituyen las puertas de entrada y salida de nuestro espacio vital.

Resulta inaudito que tres décadas después de la llegada de la democracia, Canarias no tenga el más mínimo control sobre sus aeropuertos, aunque sí comparte en cierta medida el de sus puertos. Durante más de quince años Coalición Canaria se ha distinguido por esta demanda histórica, vital para responsabilizarnos de nuestro propio destino y para garantizar una adecuada conectividad interior y exterior; siendo además nuestra economía esencialmente turística.

Esta semana, y por primera vez en el Congreso, el nuevo ministro de Fomento  se ha comprometido a modificar en breve plazo las leyes que permitan la cogestión aeroportuaria. Y, a diferencia de su antecesora, Magdalena Alvarez (que solo contemplaba a Madrid y Barcelona), José Blanco anunció: “Estoy dispuesto, así se lo planteé al presidente de Canarias y al presidente de Baleares, a contemplar la realidad singular de Baleares y de Canarias. Además de que algunos de los aeropuertos, si así se estima en el acuerdo con las comunidades autónomas, puedan tener esa gestión singular a la que hacía referencia”.

Durante la sesión de la Comisión de Fomento, mi compañero José Luis Perestelo  le recordó al ministro que durante los cinco años precedentes se había producido una cierta involución en esta materia; porque desde el Ministerio se habían dado largas y largas a las ofertas que desde el Gobierno de Canarias se habían hecho para arrancar con convenios de colaboración. Acuerdos que en principio permitieran sumar los esfuerzos de promoción turística en el exterior a los de captación de nuevos tráficos aéreos, de forma que ambas políticas fuera de la mano.

A pesar de que fuimos los primeros en ofrecer fórmulas suaves, que nos acercaran a la cogestión, no se avanzo. Hace catorce meses se aprobó en  el Congreso una moción que reclamaba algo parecido al Comité de Rutas Aéreas de Cataluña, que habíamos planteado hace muchos años sin éxito.

Nuestros objetivos ante la inminente reforma son claros: asegurar unas condiciones mínimas de conexiones interinsulares y con la Península en condiciones de calidad, frecuencia y precios.  Impulsar nuevos tráficos con África y Europa para convertir auténticamente a Canarias en un hub de distribución en su área geográfica. Contribuir a que las políticas de promoción turística tengan la adecuada cobertura de vuelos desde y a los mercados emisores. Y potenciar el desarrollo aeronáutico y la implantación de industrias y centros de distribución accesorios que generen riqueza y empleo.

A esos efectos, y mientras no se concreta una participación real de Canarias en los aeropuertos, el propio presidente del Gobierno de Canarias logró una reducción de las tasas aéreas, que es fundamental mantener para que la afluencia turística  se recupere en Canarias y, de esta forma, se mejoren los niveles de empleo.

 El tema aeroportuario va a ser este año uno de los protagonistas en el Congreso y Senado. Coalición Canaria está ahí para que Canarias salga lo mejor parada posible en el nuevo mapa de gestión que se va a dibujar en los próximos meses.