El respaldo casi unánime del Congreso de los Diputados a la norma que posibilitará el ajuste de los sueldos de los controladores aéreos a cifras más razonables viene a ser un precedente y una parábola de los sacrificios que le esperan a todo el país para volver a la normalidad, para salir de la crisis.
No es ilógico que muchos teman que la catástrofe de Haití quede sepultada en unos meses en el olvido y arroje a ese país a un pozo definitivo.
Después de muchos años de batalla, por fin se abre una rendija (tímida, pero apertura al fin y al cabo) a la participación real de Canarias en el funcionamiento de los ocho aeropuertos que constituyen las puertas de entrada y salida de nuestro espacio vital.
Esta semana hemos logrado dar un paso más en lo que habrá de ser uno de los avances del futuro Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF): la compensación a Canarias para que logre un nivel de telecomunicaciones en banda ancha semejante al del resto de España y de Europa.
Concluye un año y, de una u otra forma, todos hacemos balance. No ha sido un buen ejercicio. El país en su conjunto ha retrocedido en casi todos los ordenes, excepto en el número y gravedad de los problemas, que se han multiplicado. Hemos de partir de esa premisa, porque no quiero que esta pequeña dación de cuentas suene para nada triunfalista.
Arranca en unos días la presidencia española de la Unión Europea. Y el presidente Zapatero compareció en el Congreso para dar cuenta de los resultados de la reciente cumbre comunitaria y de la agenda que va a desarrollar durante el próximo semestre para vitalizar el alicaido proyecto europeo.
La estrella parlamentaria de esta semana ha sido el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, presentado por el presidente Zapatero en el Congreso como la gran apuesta para cambiar el modelo productivo del país, que se nos ha quedado cojo y flácido.
La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha asegurado hoy que el Gobierno cuenta con la dotación presupuestaria para instalar un segundo radar meteorológico, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Ana Oramas.
En las últimas semanas se ha cerrado prácticamente en las Cortes dos procesos que van a afectar mucho al nivel de los servicios públicos en Canarias durante los próximos años: la financiación autonómica que el Estado aporta a las quince comunidades de régimen común, y los Presupuestos Generales de 2009.
